Este fin de semana, el Ayuntamiento de Limoges, un edificio del siglo XIX, terminó prácticamente destruido por un incendio durante los disturbios en Francia. En París, Lyon y Marsella vimos comercios saqueados, autos incendiados y calles tomadas por grupos violentos. Las autoridades estiman que más de 3,000 negocios sufrieron daños o robos.

Las manifestaciones comenzaron por el costo de vida, las condiciones de las escuelas y el deterioro de los servicios públicos. Cientos de miles de personas salieron a las calles, la mayoría pacíficamente. Sin embargo, algunos grupos transformaron una expresión legítima de inconformidad en algo muy diferente: tratar de imponer su voluntad mediante la violencia. El propio ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció que la policía perdió el control en algunas ciudades y que hubo fallas de anticipación. La magnitud de los disturbios y la movilidad de los grupos violentos sobrepasaron la capacidad de respuesta de las autoridades.

¿Por qué te comparto esto?

Porque cuando una manifestación termina paralizando y destruyendo la propia ciudad, ¿a quién se está castigando realmente? Y porque, más allá de las imágenes, creo que Francia refleja un problema que va creciendo en muchas sociedades: la expectativa de que el gobierno debe comportarse como un papá que se encarga de todo. Pensiones, educación, salud, vivienda, energía y apoyos económicos. Los ciudadanos tienen razones para exigir servicios que funcionen, pero cada promesa del gobierno tiene un costo. Y Francia no está parada sobre una chequera infinita.

Veamos los números. En 2025, los impuestos y cotizaciones obligatorias representaron el 43.6% del PIB francés. El impuesto sobre la renta es progresivo, y según la OCDE, para un trabajador soltero con salario promedio, los impuestos y las cotizaciones pagados por el empleado y su empresa representaron en 2025 el 47.2% del costo total de contratarlo. No es lo mismo que decir que le descuentan 47.2% del sueldo; es la carga fiscal total sobre ese empleo, una de las más elevadas de la OCDE.

¿Y alcanza? Tristemente no. El gasto público fue de 57.2% del PIB en 2025, el déficit de 5.1% y, para el segundo trimestre de 2026, la deuda pública ya había llegado al 119% del PIB. Los bonos franceses ya reflejan esa presión. En octubre de 2024, el rendimiento de referencia de la deuda a diez años rondaba el 2.93%; hace un año era de 3.31%, y este lunes llegó aproximadamente al 4.9% durante la sesión. En palabras simples: financiarse se está volviendo más caro. No implica que Francia esté por dejar de pagar, pero sí muestra una mayor preocupación por sus cuentas y la incertidumbre política.

Aquí es donde el enojo social choca contra una pared incómoda: Francia ya cobra muchos impuestos, gasta todavía más y sigue aumentando su deuda. Entonces, ¿de dónde saldrá el dinero para responder a todas las demandas?

Subir más impuestos puede generar más enojo. Endeudarse más puede aumentar la preocupación de los mercados. Recortar el gasto puede encender todavía más las calles. Ese es el triángulo en el que Francia parece atrapada.

Personalmente creo que necesitamos muy buenos fundamentos antes de aceptar que un gobierno tome mayor control o administre todavía más recursos. Las buenas intenciones no bastan. ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Cómo se mide la eficiencia? ¿Quién responde cuando un programa cuesta cada vez más sin ofrecer los resultados prometidos? Lo mismo pienso de ciertos beneficios laborales y compromisos de retiro en el sector público. No se trata de descalificar a quienes trabajan para el Estado, sino de reconocer que hay gastos que no pueden crecer indefinidamente. Una empresa privada tendría que revisar prestaciones que sus ingresos ya no permiten sostener. ¿Por qué no exigir al gobierno el mismo ejercicio de responsabilidad?

Pero hay otra contradicción que me preocupa tanto como las finanzas. Sí, existe enojo legítimo y hay problemas reales. Eso no convierte la destrucción en una solución ni justifica que los demás ciudadanos pierdan la libertad de trabajar, trasladarse o simplemente continuar con su vida.

La ciudad no es del presidente. La escuela pública no es del ministro. El transporte, la plaza, el comercio, la biblioteca, la calle y el hospital no son símbolos abstractos del poder. Son espacios y servicios que pertenecen a la vida cotidiana de todos y cuando se destruyen, no se está tumbando al sistema. Se está debilitando al ciudadano.

Francia nos recuerda que una causa puede tener argumentos válidos y, aun así, perderlos de vista cuando algunos deciden imponerla con violencia. El gobierno tiene obligaciones con sus ciudadanos, pero los ciudadanos no dejan de tener responsabilidades porque están enojados.

Que tengas un excelente inicio de semana y, como siempre, agradezco tus comentarios y preguntas.